El procedimiento sumario, regulado por el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), es un mecanismo disciplinario que puede iniciarse contra cualquier funcionario público ante la presunción de una falta administrativa. Aunque su tramitación es más expedita que otros procesos, sus consecuencias pueden ser graves, incluyendo sanciones como la suspensión, la multa e incluso la destitución.
Las principales etapas del procedimiento son:
- Inicio formal: La autoridad competente dicta una resolución fundada que da origen al sumario y nombra a un fiscal instructor.
- Investigación: El fiscal reúne antecedentes, toma declaraciones y evalúa pruebas, sin necesidad de que el funcionario esté presente en esta etapa inicial.
- Formulación de cargos: Si se considera que hay fundamentos, se notifican cargos al funcionario, quien tiene un plazo legal para responder.
- Descargos y presentación de pruebas: Esta es una etapa crucial, donde se ejerce el derecho a defensa. Una argumentación débil o mal orientada puede marcar la diferencia entre el sobreseimiento o una sanción.
- Informe del fiscal: El fiscal emite un informe con sus conclusiones y recomendaciones.
- Resolución final: La autoridad decide si acoge o rechaza la propuesta del fiscal, cerrando el procedimiento.
Dado que se trata de un proceso técnico, regulado por normas específicas y plazos breves, es altamente recomendable contar con un abogado especializado en derecho administrativo. Un profesional con experiencia puede proteger tus derechos, asegurar una defensa estratégica y acompañarte en cada etapa del proceso, desde los descargos hasta eventuales recursos.
No arriesgues tu carrera funcionaria. Una buena defensa comienza con la decisión de estar bien asesorado.
