La regla general de la Ley N° 19.880 es de 5 días hábiles desde la notificación del acto, tanto para la reposición como para el recurso jerárquico. Son días hábiles administrativos, que se cuentan de lunes a viernes y excluyen los festivos. Algunas leyes especiales fijan plazos distintos, por lo que conviene confirmar el régimen aplicable apenas recibes la notificación.

La reposición la resuelve la misma autoridad que dictó el acto. El jerárquico lo resuelve su superior, lo que permite una segunda mirada sobre la decisión. Lo habitual es presentar la reposición con el jerárquico en subsidio, de modo que si la primera se rechaza, el expediente sube al superior. El jerárquico no existe cuando el acto proviene de un ministro, un alcalde o el jefe superior de un servicio descentralizado.

No por sí solo. La regla es que el acto se sigue cumpliendo aunque esté recurrido. La suspensión debe pedirse expresamente y el órgano puede concederla cuando el cumplimiento causaría un daño irreparable o haría imposible cumplir lo que se resuelva si el recurso se acoge. Por eso la solicitud de suspensión debe ir fundada y acompañada de antecedentes.

El órgano tiene un máximo de 30 días para resolver. Si no lo hace, la ley permite denunciar el incumplimiento y pedir que se certifique que el recurso no fue resuelto dentro de plazo, con lo cual se entiende rechazado y queda abierta la vía siguiente. No conviene esperar indefinidamente una respuesta, porque el silencio también tiene efectos sobre los plazos.

Posiblemente sí. Queda la solicitud de invalidación, que el órgano puede acoger dentro de dos años si el acto es contrario a derecho, el recurso extraordinario de revisión, dentro de un año y por causales específicas, y la presentación ante Contraloría, que no tiene un plazo legal rígido. Son vías más exigentes que la reposición, por lo que conviene revisar las fechas y el contenido del acto antes de descartar cualquiera.

Por regla general sí, la ley no obliga a agotar la vía administrativa. Lo que no se puede es llevar ambas vías a la vez por la misma pretensión. Si presentas un recurso administrativo, debes esperar a que se resuelva o se entienda desestimado antes de demandar, y el plazo judicial se interrumpe mientras tanto. Si acudes primero a tribunales, la Administración debe abstenerse de resolver. El recurso de protección merece un análisis aparte, porque los tribunales no han sido uniformes sobre el efecto que la reposición tiene en su plazo de 30 días.

Depende del caso. Su dictamen es obligatorio para el órgano y no exige un plazo breve, lo que la convierte en una alternativa útil cuando las demás vías están vencidas o cuando el problema es de legalidad. Su límite es que se abstiene de intervenir en asuntos litigiosos o que ya están sometidos al conocimiento de un tribunal.

La Ley N° 19.880 se aplica a ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades, entre otros órganos de la Administración. Con todo, hay materias reguladas por leyes especiales que contemplan recursos y plazos propios, y en ellas la ley general solo rige de manera supletoria. Determinar cuál es la norma aplicable es el primer paso de cualquier estrategia.

Comienza con una consulta de urgencia, una videollamada de 30 minutos con un abogado especializado, coordinada dentro de las horas siguientes a tu contacto. Antes de la reunión revisamos la resolución y los antecedentes que nos envíes, de modo que llegamos con la situación ya analizada. Recién al final te presentamos el presupuesto del servicio completo, sin compromiso previo.